Prólogo: Somos uno de los pueblos más pendencieros del mundo. Cada año, cinco de cada 100 italianos inician una acción judicial, lo que supone un total de 4.768 procesos en primera instancia por cada 100 habitantes. Pero tras este nivel desmesurado de litigios (el doble que en Francia y España) se esconde un truco: a menudo acabamos en los tribunales porque, incluso si nos equivocamos, gracias a los plazos bíblicos del sistema judicial italiano, nos demoramos y quizás incumplimos nuestros compromisos. Una procrastinación judicial muy costosa y derrochadora, por así decirlo. ¿Un ejemplo? El cobro de una deuda comercial en Italia tarda unos cuatro años, mientras que en Alemania tarda un máximo de 300 días. Por ello, en Italia se prefiere el litigio, con la esperanza de que el dinero se pueda recuperar de forma permanente. Quizás sólo para agotar a la otra parte.
Un estudio de los sistemas jurídicos de 100 países, realizado por el Proyecto de Justicia Mundial (una asociación fundada por abogados estadounidenses), ha certificado recientemente que el sistema de justicia civil italiano es uno de los menos eficaces y transparentes del mundo occidental. La duración media de un proceso civil ronda los 10 años; en el sur hay 3,3 millones de casos en espera de juicio, y en un tribunal pequeño como el de Messina, cada juez debe procesar una acumulación de 1.500 casos.
En los pliegues de una justicia civil que en realidad no existe, La corrupción está en aumento, con niveles en las oficinas judiciales italianas similares a los de países como Indonesia, Irán y Jamaica. A estos tiempos bíblicos, debemos sumar la complejidad de los procedimientos que alimentan las demoras, el despilfarro y la corrupción. Un proceso civil, incluso en primera instancia, debe atravesar un túnel de más de 40 pasos. Y con este tipo de proceso, los únicos que salen ganando son los abogados y la inexistente burocracia judicial. Así, el 30 % del valor de un litigio, incluso antes del veredicto del juez, se pierde en el pago de honorarios legales. Algunos dicen que el sistema no funciona por falta de recursos. Esto no es cierto. Financiar el sistema judicial en Europa cuesta 57,4 euros per cápita; en Italia, alcanza los 73 euros, y solo en Suiza los costes son superiores, con la diferencia de que allí los casos llegan a juicio y los ciudadanos se sienten protegidos. Finalmente, hablando del sistema, a este ritmo, el sistema de justicia civil italiano consume 20 000 millones de PIB al año.
Una suma importante, sobre todo en un momento en el que el volumen de negocio de las empresas italianas está estancado debido a la recesión y a nuestra baja productividad.
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